Fallo ordena al Ministerio de Justicia a disculparse:

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    Fallo ordena al Ministerio de Justicia a disculparse


    El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos deberá presentar disculpas públicas a un ciudadano que estuvo detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito N° 1 (expenal García Moreno), por incumplir con el mandato legal que, en el caso del afectado, favorecía para una reducción meritoria de su condena. El pasado 25 de abril, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica del ciudadano Néstor Napoleón Marroquín Carrera, quien el 26 de marzo de 2012 había presentado una demanda ante el organismo, por incumplimiento de norma. Durante su permanencia en prisión, el demandante solicitó en varias ocasiones a las autoridades del expenal la apertura de su expediente individual estandarizado, para el correspondiente registro de méritos que permitiera una reducción de su pena. Sin embargo, su requerimiento no fue atendido dentro del plazo razonable. Tampoco fue atendida su queja al respecto, enviada el 7 de marzo de 2012, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Johana Pesántez. Marroquín estuvo privado de la libertad desde el 10 de febrero de 2011 hasta el 9 de enero de 2013. Si se aplicaba lo que determina la ley sobre la reducción de penas, debía obtener su excarcelación el 5 de agosto del 2012, pero tuvo que esperar 5 meses y 4 días adicionales. La Corte Constitucional dispuso como medida de reparación integral que el Ministerio de Justicia, así como el director nacional de Rehabilitación Social, Diego Pérez Suárez, y la directora provincial del Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito N° 1, Maribel Flores Cedeño, presenten disculpas públicas al demandante, por incumplir el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, "al no aperturar el expediente inmediatamente después de su ingreso". Las disculpas deberán ser publicadas en uno de los diarios de mayor circulación nacional, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia, señala el fallo. El artículo 33 se refiere a la reducción meritoria de penas y obliga a los centros de rehabilitación social a abrir expedientes individualizados de los internos, en los cuales se certifique los méritos acumulados durante su internamiento. La Corte Constitucional también dispuso que el Ministerio de Justicia investigue y sancione por la denegación de la ejecución del derecho de ese artículo y del 35 del Reglamento de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (aplicativo para las rebajas), y que estas actuaciones sean informadas a la Corte en el término de un mes a partir de la notificación de la sentencia. Como garantía de no repetición para los internos en general, la sentencia establece que la apertura del expediente deberá ser observada por los directores de los centros de rehabilitación social del país, para lo cual la Defensoría del Pueblo verificará el cumplimiento de esta disposición e informará quincenalmente al Pleno de la Corte Constitucional. Durante la audiencia pública sobre este caso, efectuada el 26 de marzo de 2012, Fausto Flores, en representación de la Procuraduría General del Estado, expuso que no procedía la acción solicitada por el demandante (Marroquín). "Si bien es cierto en su debido momento no se le atendieron los requerimientos realizados por el legitimado activo (el demandante), esto es abrir el expediente individualizado y estandarizado, fueron atendidos aunque de manera tardía, o sea se cumplió (...)", manifestó el delegado de la Procuraduría. Como contestación a la demanda planteada por Marroquín, Maribel Flores, directora provincial del Centro de Rehabilitación Social de Varones Quito N° 1, remitió a la Corte Constitucional un memorando fechado el 20 de junio de 2012, mediante el cual Efraín Pérez, director nacional de Rehabilitación Social, resolvió otorgar la fase de prelibertad al demandante. Este Diario pidió un pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto de la sentencia de la Corte Constitucional, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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    Fuente: expreso.ec
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