Regulación de contenidos en la nueva ley de Comunicación:

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  • Título: Regulación de contenidos en la nueva ley de Comunicación



    Para abordar la explicación de la forma en que la Ley Orgánica de Comunicación regula la difusión de contenidos violentos, lo más apropiado, a nuestro parecer, es transcribir el texto del artículo en cuestión:

    „„Art. 69.- Contenido violento.
    • Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza.
    • „„Estos contenidos sólo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley.
    • „„El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación.
    En este artículo se estableció el concepto de contenido violento a partir de las definiciones desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud y recogidas en el Informe Mundial sobre la Violencia y Salud, publicado en 2002 por la Organización Panamericana de la Salud. Cabe señalar que, según la revista electrónica Futuros, «la definición usada por la Organización Mundial de la Salud vincula la intención con la comisión del acto mismo, independientemente de las consecuencias que se producen. Se excluyen de la definición los incidentes no intencionales»

    En ese contexto, el primer elemento del tipo legal de este artículo consiste en atribuir el carácter de «violento» a todo mensaje que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de palabra o de obra. Esta definición implica que el contenido violento supone en todos los casos que al menos una persona realice intencionalmente una conducta que denote el uso de la fuerza física o psicológica. Desde esta perspectiva, las imágenes descarnadas que son el producto de accidentes o de catástrofes naturales no son en sí mismas contenidos violentos.

    Sin embargo, en razón de la crudeza o el dolor que generalmente habitan las escenas de accidentes o catástrofes, su difusión ha de realizarse como si se tratase de contenidos violentos, esto es, adecuándose a la clasificación de audiencias y franjas horarias establecidas en esta ley.

    El segundo elemento del tipo legal de este artículo implica que la fuerza física o psicológica, escenificada en el contenido difundido, sea dirigida en contra de sí mismo u otras personas y colectivos humanos; y se agrega además a los seres vivos y la naturaleza como «sujetos» que pueden sufrir la violencia. Al respecto cabe señalar que a la luz del primer inciso del artículo 71 de la Constitución del Ecuador, la naturaleza tiene derechos, y uno de ellos es «que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales».

    Aunque, contrariamente a lo declarado en la Carta Magna, la doctrina general occidental se inclina por señalar que las personas tenemos obligaciones de cuidado y protección respecto de los seres vivos y el medio ambiente; y en ese sentido, la naturaleza y los animales son objetos de protección y no sujetos de derechos. Finalmente, este artículo establece que los contenidos violentos deben sujetarse para su difusión a las franjas de responsabilidad compartida y de adultos, y a las reglas y criterios establecidos en la ley, prohibiendo así la difusión de contenidos violentos en la franja de contenidos aptos para todo público.

    Complementariamente, en el Art. 70 del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación se establecen dos prohibiciones para la difusión de contenidos relacionados con la violencia: una, acerca de la incitación a la violencia y, otra, respecto de la comisión de delitos. También se establece una prohibición para vender y distribuir a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años materiales pornográficos. Los asambleístas coincidieron en que no es ni posible ni deseable prohibir la difusión de contenidos violentos y explícitamente sexuales.

    En efecto, consideraron que no es factible hacerlo porque la configuración real de las relaciones sociales contemporáneas está habitada por el empleo frecuente de formas legítimas e ilegítimas del uso de la violencia, y porque el ejercicio de la sexualidad y las prácticas sexuales tienen, en el mundo contemporáneo, una dimensión comunicativa que no se puede desconocer.

    Concurrentemente, consideraron que no es deseable prohibir la difusión de contenidos violentos y explícitamente sexuales por las afectaciones injustificadas o injustificables que puede sufrir la libertad de las personas, sobre todo las adultas, que desean producir, buscar, difundir y recibir contenidos de este tipo. Sin embargo, coincidieron también en que, aunque no se prohibirán los contenidos violentos y explícitamente sexuales difundidos a través de los medios de comunicación, se debe regular su accesibilidad a los diferentes grupos humanos, lo cual ya está hecho en relación a los medios audiovisuales a través de la clasificación de contenidos según franjas horarias, pero que es preciso puntualizar en relación a los contenidos impresos físicamente o en soportes magnéticos o digitales.

    Finalmente, también existió unidad de criterio en relación a que la invocación al uso ilegítimo de la violencia debía ser prohibida y la presentación de imágenes extremamente violentas en las coberturas informativas tenía que estar debidamente contextualizada. En ese sentido, el art. 70 del Proyecto de Ley contiene dos prohibiciones, una relativa a la difusión de mensajes que constituyan incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, y otra, respecto de los mensajes que inciten a cometer cualquier acto ilegal. Desde la perspectiva de la teoría del Estado, el uso legítimo de la violencia ⎯entendido como el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra otra persona⎯ es potestad exclusiva del Estado. Este uso legítimo de la violencia es conocido en la tradición jurídica como el monopolio legítimo del uso de la fuerza (Max Weber), el cual es ejercido principalmente por la policía, los jueces y las autoridades penitenciarias. También los ciudadanos podemos, por excepción, hacer uso legítimo de la violencia contra otras personas, por ejemplo, en caso de legítima defensa, o en contra de bienes materiales cuando estamos sometidos a condiciones de peligro que crean un estado de necesidad justificante.

    Con este antecedente se puede entender con mayor facilidad que la prohibición de este artículo no aluda simplemente a la difusión de mensajes que inciten a la violencia, sino de aquellos que propicien el uso ilegítimo de la violencia. Se entiende pues, que todo uso de la violencia que no está autorizado por el ordenamiento jurídico es necesariamente ilegítimo, y difundir mensajes incitando o estimulando a su realización está prohibido por esta ley.

    En ese sentido, la difusión de mensajes que inciten o estimulen la apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso están enmarcados en la prohibición general descrita en este numeral, pero los legisladores han querido subrayar la que se refiere a estos actos de violencia y por ello los han nombrado expresamente. Cosa similar sucede con la prohibición de difundir mensajes que constituyan incitación o estímulo directo para realizar actos ilegales, puesto que la trata de personas, la explotación y el abuso sexual son actos tipificados como delitos en el Código Penal, es decir que son ilegales.

    La tercera prohibición contenida en el Art. 70 del Proyecto de Ley, se refiere a la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, porque se considera que estos contenidos pueden ser lesivos a los derechos de estas personas e incompatibles con su grado desarrollo psicoemocional e intelectual. Finalmente, en relación con los contenidos sexualmente explícitos, se establece el deber jurídico de los medios de comunicación audiovisuales de difundir en la franja horaria para adultos todos los contenidos sexualmente explícitos, con la salvedad de aquellos que tengan finalidad educativa.

    También se establece para los medios de comunicación un deber jurídico de cuidado, pues se les responsabiliza de valorar que los contenidos educativos que tengan imágenes de sexo explícito sólo puedan ser difundidos a través de los medios audiovisuales, en las franjas de responsabilidad compartida y apto para todo público, si son compatibles con el nivel de desarrollo psicológico e intelectual de las audiencias propias de esos horarios. Por último, y a manera de conclusión general, nos permitimos anotar que desde nuestra comprensión del tema la regulación de contenidos establecida en el Proyecto de Ley de Comunicación es absolutamente compatible con las reglas establecidas en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

    Fuente: Boletín de Junio, Fiscalía General del Ecuador


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